Verdad y reparación sin cortapisas exigen víctimas

El Gobierno lesiona la Ley de víctimas y las organizaciones sociales y la oposición anuncian medidas para evitar que se les desconozcan sus derechos y terminen revictimizadas.

Por Juan Pablo Muñoz P.
rafaelusman@hotmail.com
22 de noviembre de 2008

Liliana Uribe es abogada de la Corporación Jurídica Libertad, organización que trabaja en pos de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país, en especial con las de los crímenes de Estado.
Para ella, el hecho de que el Gobierno haya conseguido modificar el proyecto de ley de víctimas que en la actualidad está en debates en el Congreso de la República, proyecto que pretendía ampliar la aplicación de la Ley 975 o de Justicia y Paz a favor de quienes sufren como consecuencia del conflicto armado, es una gran derrota, debido a que, para las personas afectadas, era la única esperanza de que de alguna manera se llevara a cabo una reparación verdadera.
A juicio de Uribe, la justicia y la reparación que incorpora la Ley de Justicia y Paz es algo así como un eufemismo, un placebo y; en el mejor de los casos, un asunto simbólico.
Hasta el momento, después de tres años de empezado el proceso con los postulados a la norma, la mayoría miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que podría culminar para las víctimas con un incidente de reparación, después del juicio; el avance de las versiones libres de confesión de los implicados ha sido poco.
La Ley de Víctimas pretendía agilizar el proceso, al hacer énfasis en que la reparación, propuesta en la Ley 975, no puede ser solo un asunto de dinero sino que debe ser algo de carácter integral: salud, vivienda, educación, seguridad y atención sicosocial.
Esta reforma al proyecto de Ley de Víctimas no solo ignora una reparación integral sino que establece unos topes en los montos de dinero; es decir, resulta más lesiva.
Quizás el golpe más fuerte que dio la bancada uribista con las modificaciones que incorporó a la discutida norma es que no se incluya a los agentes estatales como victimarios sino existe de antemano una sentencia condenatoria.
La abogada Uribe dice que esta característica aleja la posibilidad de reparación, al tener en cuanta que estos procesos de denuncia en el proceso de Justicia y Paz tienen un plazo de dos años antes de prescribir.
Subraya que es utópico pensar que una sentencia condenatoria saldrá antes de ese tiempo; tomando como ejemplo que en el proceso con los desmovilizados de las autodefensas ya lleva tres años y solo en la primera etapa: las versiones libres.
Al mirar desde esta perspectiva, la derrota es grande. Se veían mejor las cosas antes de proponer la Ley de Víctimas. Incluso el partido Liberal, ponente de la norma, está pensando en retirar la propuesta del Congreso, pues con las reformas que sobre ella consiguió el Gobierno, las víctimas quedan peor.
Para Amparo Mejía, representante legal de la línea fundadora de Las Madres de La Candelaria, esto no es más que una revictimización que sufren por parte del Estado colombiano. “Es una falta de respeto”, dice desconcertada.
Mejía dice además que retirar el proyecto del Congreso es darse por vencidos, por lo que ella y las personas y organizaciones de la mesa con quien han estado trabajando por los derechos de las víctimas, buscarán un mecanismo legal para echar atrás la lesiva modificación.
Con un plantón especial frente a la administración municipal, un llamado al respeto y un amplio lobby político, quieren salvar el proyecto como se discutió en principio.